No puede considerarse descentralizado el territorio que no cuenta con herramientas políticas, culturales y productivas. La descentralización es un imperativo, la república debe reestructurarse en su base constitutiva, para que los territorios extremos comiencen a caminar los caminos del desarrollo autodeterminado.
Numerosas y tolerantes pláticas cruzan la república en esta era, en esta época de despertar humano y social, donde lo instantáneo del capitalismo parece dejar un espacio a la discusión, a menudo sobre el asfalto, que representa esta ágora moderna de las movilizaciones sociales. ¿Qué otro espacio tiene la ciudadanía, el pueblo de la pampa minera o de la Patagonia acuática, para hacerse del diálogo político? Ese intercambio ideológico que es capaz de establecer alianzas con el solo propósito de capturar poder, con el único fin de encaminar a la sociedad hacia ese ideal teórico y sentimental representado en el concepto felicidad. Este espacio de congregación reivindicativa de mujeres y hombres haciendo valer su derecho cívico a defender las riquezas naturales y culturales contenidas en la cuenca de ríos sustanciales como el Baker, o de jóvenes estudiantes y no tan jóvenes abuelos caminando alamedas y parques para exigir al gobierno lo que el Estado y el sistema político-económico ha negado por décadas, o los australísimos magallánicos y los minerales calameños, en una muestra más de gallardía, exigiendo que las riquezas generadas por la utilización de los recursos naturales extraídos del territorio que ellos habitan con esfuerzo polar o árido, mejoren la calidad de vida de sus propios trabajadores
¿Qué otro espacio han dejado a los ciudadanos que no sean avenidas, parques o alamedas? Si quienes por definición debían velar por los intereses de los pobladores de esta República han velado sistemáticamente por los intereses de una elite que se conserva y perpetua en base a una democracia que se sustenta en constituciones elaboradas para mantener sus propios privilegios. Esta figura, positiva para la elite santiaguina (y de seguro también para sus disminuidas versiones extracapitalinas) ha concentrado el capital económico, financiero, político y cultural, empobreciendo las regiones y toda periferia sustancialmente obrera. ¿No debían ser nuestros representantes la vanguardia de las reivindicaciones sociales? ¿Los primeros en alzar la voz para encaminar este novel país hacia la inclusión, la justicia y el reconocimiento? Después de todo, para eso hemos ido votando por ellos.
La actual constitución, redactada y promulgada por primera vez en una época en la que estaban suprimidos los poderes del Estado, y validada por última vez en la época de la cautelosa transición a la democracia; asegura concretos y robustos privilegios para esa porción de la ciudadanía que tal como expresa un buen amigo “pasa a mejor vida cuando nace, a diferencia de los otros (léase los pobres) que pasan a mejor vida al morir”; y en anteposición niega al Estado la posibilidad de desarrollar integralmente las comunidades y poblaciones que le componen. Muchas de las aspiraciones sociales, gritadas en tantísimas mareas de gente navegando el asfalto o el cemento de pueblos o ciudades, no pueden encontrar más solución que el agua del guanaco enviado por ministros de este gobierno o del otro.
La constitución inteligentemente elaborada por ese reducido e ilegítimo grupo redactor en la década de los ochenta deja al Estado minimizado en sus funciones vitales: le entrega un rol subsidiario, permitiéndole actuar sólo allí donde no existe iniciativa privada, le impide levantar empresas productivas (forestales, faenadoras p.ej.), o construir empresas dedicadas al mercado financiero o al sistema de fondo de pensiones o al transporte. Parecieran sentencias anacrónicas, perdidas en alguna página de roneo de la biblioteca comunal, sin embargo, muchas de las grandes empresas de hoy, fueron fundadas por el estado de Chile, al igual que una de las empresas salmoneras más grandes del mundo, que opera en Chile y es hasta el día de hoy propiedad del Estado noruego.
Nuestra constitución redujo con precisión caligráfica la energía sustancial de los movimientos sociales de base trabajadora, esto mediante la absurda imposibilidad impuesta a los dirigentes sindicales de optar a posiciones políticas de representación popular. La carta fundamental de la República de Chile no asegura la planificación participativa, entrega poder organizativo y político a representantes elegidos mediante un sistema profundamente antidemocrático como el binominal, para que se elaboren leyes alejadas de los intereses sociales y populares.
Es esta misma constitución política del Estado ha privado a los territorios extra santiaguinos del desarrollo funcional y político, evitando que los habitantes tengan el más mínimo poder decisional. Sólo en los gobiernos subnacionales representados por los municipios las personas tienen la capacidad de hacer uso efectivo de la elección democrática del voto, los intendentes son designados y la planificación territorial no es vinculante con la distribución de recursos ni con la intervención antrópica. Pueden, de esta manera, en nombre del “desarrollo”, construirse mega muros, mega calderas o mega plantaciones, para generar riquezas que en la mayoría de los casos viajan miles de kilómetros para concentrarse en grupos familiares donde ya las riquezas estaban concentradas desde hace algunas décadas –en el caso de los nuevos ricos nacidos en la ola privatizadora de los 80- o centurias –para la casta aristocrática no empobrecida-.
Es la constitución vigente la que, mediante sus amarras permanentes, evita la anhelada descentralización efectiva. No puede considerarse descentralizado el territorio que no cuenta con herramientas políticas, culturales y productivas. La descentralización es un imperativo, la república debe reestructurarse en su base constitutiva, para que los territorios extremos comiencen a caminar los caminos del desarrollo autodeterminado. Debe entregar capacidades de planificación vinculante que permitan establecer modelos de producción efectivamente sustentables y de captación y generación de recursos ¿Por qué nuestro gobierno regional debe cerrarse a la posibilidad de implementar una planta de proceso pesquero que compre la producción de los pescadores artesanales? Luego podría vender ese alimento de altísima calidad entre la población, solucionando uno de los problemas de la pesca artesanal y mejorando la salud de la gente. Descentralizar para que las periferias de las ciudades donde se han construido bolsones de exclusión y pobreza escondida del ojo del turista, recobren el orgullo del trabajo organizado que construye espacios cívicos en escala humana, donde el ser humano es el centro de las cosas y no la propiedad privada.
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