El primer carril: discapacidad y autovalencia escolar-laboral

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Lo primero que se necesita es un acuerdo en torno a las grandes políticas públicas para cambiar esta realidad de más de 2.600.000 ciudadanos, para que las personas en situación de discapacidad tengan acceso a la educación, trabajo, salud y seguridad social como cualquier ciudadano de la nación.

Hoy en día aún se sigue contemplando a las personas en situación de discapacidad sin importar edad, condición social, estado civil, opción sexual o de credo como objeto de lastima.

¿De que trata la expresión objeto de lastima? Expresa el trato dado por la sociedad a un individuo que sólo amerita según su concepción paternalista, bio-medica y asistencialista, limosnas y compasión de parte de la sociedad, anulando y negando en forma negligente -amparada en leyes de la República y en el tratamiento social- el pleno ejercicio de sus derechos y deberes contemplado en el contrato social que firma desde el momento de nacer en un país.

Es esta situación en la cual necesitamos romper los paradigmas y reglamentar las distintas realidades que vive la nación, en especial las personas en situación de discapacidad sea esta física, mental o sensorial. Lo primero que se necesita es un acuerdo en torno a las grandes políticas públicas para cambiar esta realidad de más de 2.600.000 ciudadanos, para que las personas en situación de discapacidad tengan acceso a la educación, trabajo, salud y seguridad social como cualquier ciudadano de la nación.

Para ello las propuestas para quienes viven en situación de discapacidad pero tienen un grado de auto valencia alto o medio deben ser:

1) Educación accesible para todos desde el nivel preescolar: Disponer de la disminución de los alumnos por sala y la inclusión de alumnos en situación de discapacidad para su educación desde la sala cuna hasta la universidad dándole las facilidades correspondientes para que así sus familiares puedan salir a trabajar con la plena certeza de que sus hijos e hijas tendrán el cuidado digno y la educación inclusiva que merecen garantizando su plena inclusión en la medida que sus capacidades lo permitan.

2) Educación secundaria diferida en caso necesario: en vez de que una persona en situación de discapacidad mental intelectual que no tiene las plenas capacidades para poder aprender en la educación secundaria normal tenga que seguir eternizada en una escuela especial para finalmente terminar confinada en un rincón de la casa o en situaciones de riesgo mayor, que pueda cursar educación secundaria de oficio durante los mismos cuatro años más un año de práctica profesional, formándole para ser un trabajador o trabajadora capacitada para tener un medio para ganarse la vida de forma digna y no deba depender de una miserable pensión de $80.000, habilitando un sistema dual escuela-empresa para lograr su inserción al mundo laboral y el contrato de este alumno por la empresa que otorgó la práctica u otra empresa que requiera de sus servicios.

3) Ley de cuota laboral obligatoria: tal como las empresas hoy rebajan impuestos con la ley de donaciones sociales sin hacerse realmente responsables de la plena inserción en la sociedad de las personas en situación de discapacidad a nivel laboral, se obligará por ley a las empresas a tener un personal mínimo de personas en situación de discapacidad en todas las empresas, poniendo de contrapeso el pago de una bonificación especial por el contrato y la manutención del puesto de trabajo de ambas partes y premiando también al trabajador o trabajadora con una bonificación especial por mantener su empleo y cumplir con este en forma bianual, siendo este bono pagado de forma bipartita (empresa-Estado).

Esperamos que estas leyes ayuden en la autonomía de la ciudadanía en situación de discapacidad, pues si no fuera así, entonces estamos demostrando que como nación y como ciudadanía hemos fracasado en la plena inclusión y ejercicios de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad.

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Foto: Wikimedia Commons