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El país al revés

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El país está al revés. Lo recorre el fantasma de la ingobernabilidad. Los jinetes del populismo, ignorantes del funcionamiento de las instituciones, amenazan nuestra estabilidad. Al menos así se advierte desde arriba (las elites) y desde el centro (Santiago).
 
La Concertación, a un año y medio de perder el Gobierno, recibe el mayor rechazo de su historia. Sólo un 17% la apoya. La menor aprobación a un Gobierno en 40 años, y el mayor rechazo también, se lo ha ganado el actual. La Derecha, fuera del Ejecutivo desde 1990, levanta la vista y la palabra sólo para tropezar. Todos los días un nuevo escándalo de conflictos de interés, decisiones equívocas, declaraciones tragicómicas. Aun contando con la parcialidad de los medios impresos por El Mercurio y Copesa, y de los noticiarios televisivos, el Gobierno no para de restar.
 
Nunca, en dos décadas, se habían movilizado tantos chilenos y chilenas de todas las edades: cientos de miles, por todo Chile, han marchado, caceroleado, parado sus actividades. Esas acciones no sólo concitaron un fuerte apoyo inicial, que muchos estimaban disminuía al prolongarse el conflicto. Como expresa una encuesta divulgada por La Tercera ayer, 13 de agosto, el apoyo a las demandas y a la movilización continúa creciendo.
 
Tampoco Carabineros reprimió en las ciudades, desde fines de la Dictadura, tan fuerte y por tantas semanas. La lenta recuperación de la fe pública en la policía, corrupción y violencia innecesaria mediante, se ha revertido. De acuerdo con las encuestas, la confianza en el Congreso y en el aparato judicial es mínima. Y también lo es la confianza en la justicia del modelo económico-social, como gustaban de llamar a su obra, en Dictadura, los discípulos de Jaime Guzmán que han regresado a La Moneda. Allí no ha cesado la producción de desigualdad. El abismo económico (y con ello político y cultural) entre ricos y pobres se acrecienta. Cada vez son menos quienes creen en la palabra de las autoridades.
 
Esta crisis de la democracia representativa se explica, entre otras cosas, porque un 70% de los chilenos rechaza el proyecto Hidroaysén y las autoridades lo aprueban. Algo similar pasa con Isla Riesco, proyecto aprobado por los ministros de un Presidente que es uno de sus accionistas. El lucro en la educación superior es ilegal, y un 86% de los ciudadanos lo rechaza. El Gobierno, sin embargo, insiste en regularlo. Nadie votó por Carlos Larraín para senador, pero como presidente del partido del Presidente se ha autodesignado. En el último enroque ministerial, asimismo, Ena Von Baer fue reemplazada por su mala evaluación pública. Ello le permitió ser designada senadora por la directiva UDI, autodesignada a su vez en su último cónclave termal. El mismo partido eligió, en los últimos meses, más senadores que todos los electores de la Región Metropolitana. “Lo politico”, controlado por los politicos, están lejos de la politica, encarnada en los ciudadanos.
 
Hacia el 2008, sólo 7 de cada 100 chilenos de entre 18 y 24 años ejercía su derecho a voto. En estos días, aproximadamente uno de cada tres posibles electores no está inscrito para votar. Con un padrón electoral que envejece aceleradamente desde 1988, hundiéndose con el sistema binominal como salvavidas de plomo, la crisis supone escasa confianza en quienes han monopolizado la palabra de los asuntos públicos: altas autoridades, expertos electorales, comentaristas políticos.
 
Los datos anteriores expresan un abismo en la distribución del poder. Las movilizaciones sociales de los últimos meses levantan diferentes banderas y defienden causas diversas: acceso y calidad de la educación, eficiencia del transporte público, mejoramiento de las condiciones de trabajo, igualdad con independencia de sexo o género, reconocimiento de la deuda histórica con el pueblo mapuche, defensa del medio ambiente. Todas ellas se entroncan en una demanda común: redistribución de poder. Político y económico.
 
Operando desde la razón de Estado, o apelando a la medida de lo posible, los defensores del modelo responden a las demandas con advertencias y descalificaciones. Contra la ciudadanía y contra las propuestas, la ética de lo tradicional supone que la modificación del orden (actual) es peligrosa. El fantasma del populismo recorre las columnas de opinión amenazando con las penas del chavismo a quienes demandan poder de decisión sobre los asuntos de todos. El “infantilismo revolucionario” (Brunner), los “inútiles subversivos” (Larraín), la intransigencia estudiantil (Hinzpeter, Bulnes, Waissbluth, I. Walker, Ezzati) plantean imposibles (Bitar) y supondrían un riesgo: surgimiento de caudillismos, instrumentalización política y un largo etcétera. Si a ello sumamos la torpeza del Ejecutivo estaríamos al borde de la ingobernabilidad, supone Frei.
 
Este es el país al revés. Siguiendo su tradición conservadora, la clase política (y los analistas de la política en su sentido más estrecho, el institucional) intenta despertar los miedos de la población. Para hacerlo, recurre a las figuras articuladas en las consignas de la dictadura: frente al orden actual no hay sino peligro, y su alternativa es el caos, el desorden, la manifestación permanente; a las certezas construidas desde el Estado se opone la incertidumbre que emerge desde abajo. Las instituciones de la  democracia afrontan los riesgos del populismo y la pérdida de competitividad. Responsabilidad o utopismo, orden o populismo, civilización o barbarie: las dicotomías radicales planteadas desde el poder podrían, como han hecho antes, generar temor.
 
En vez de propagar miedo, sin embargo, esas amenazas provocan risas. Estamos en el país al revés, y se está dando vuelta. Refiriéndose a la dominación, Marx usó una vez la siguiente figura: Si se toca el violín desde lo alto del Estado… ¿que se puede esperar sino que los que están abajo bailen? Pues bien, cuando las crisis son profundas y se han incubado durante años, se puede esperar que los que desafinan enfrenten, primero, pifias, y luego se vuelvan testigos de algo distinto a una comparsa: el surgimiento de nuevos instrumentos, nuevos estilos de baile.
 
Lo que está en juego en Chile es, precisamente, las certidumbres del orden y las rutinas de la dominación. Antes que miedo al socavamiento de las instituciones, el miedo es que ellas continúen operando como hasta ahora, dirigidas por los mismos que hasta ahora, sometidas a la opinión prepotente de los mismos que hasta ahora.
 
En el país al revés, la legitimidad social cobra mayor fuerza que las preguntas por la legalidad. La resolución de los conflictos, exigen los actores sociales que han despertado al país de su larga siesta conformista, debe involucrar fundamentalmente a los propios afectados. La soberanía delegada en instituciones poco representativas está regresando al pueblo, y éste tiene derecho a equivocarse, a escribir mal, a la ignorancia en materias tecnicas y, sobre todo, tiene derecho a decidir sus propios destinos y a aprender haciendo.
 
En el país al revés, donde el poder de la prensa, el Estado y lo político representa a los muchos menos, la política que están creando los muchos más crea poder. Con faltas de ortografía, contradicciones y errores, se está escribiendo una nueva historia. Chile, al revés de lo que manifiestan las amenazas y los miedos, quiere tomar el riesgo de ser distinto, de darse vuelta para reconocerse, con igualdad plural, en el espejo de sus instituciones.
 
La mayor amenaza es que todo siga igual: para la paz social, para el aprendizaje colectivo, para la emergencia de una cultura de la solidaridad y el respeto. La amenaza es grande, y vieja. Si usted mira bien, eso si, encontrará viejos y jóvenes rehaciéndose. Oponiendo una palabra al silencio o un gesto al miedo. Ellos son los imprescindibles. Esa politización es la garantía. Buenos días, muchas gracias, y bienvenida su esperanza.
 
* Alberto Harambour R. es historiador y académico de la Universidad Diego Portales.
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