Gracias a una interesante investigación periodística de Ciper la opinión pública conoció un elegante Condominio Habitacional localizado en un sector rural, es decir, fuera del límite urbano, de la comuna de Peñaflor, Región Metropolitana de Santiago, en donde existen unas cuantas viviendas de lujo que no pagan contribuciones de bienes raíces, cuyos propietarios son generales en actividad y en retiro de la institución de seguridad pública Carabineros de Chile.
La máxima autoridad de Carabineros, Bruno Villalobos, en su condición de dueño de una de esa viviendas se molestó sobremanera porque se divulgó la noticia, justificando su incorrecto actuar en una rueda de prensa en el mismísimo Palacio de La Moneda, acompañado con el ministro del Interior, Mario Fernández, con el feble argumento de que su inmueble con un amplio jardín, piscina y quincho para disfrutar excelentes asados de vacuno los fines de semana, está emplazado en un terreno agrícola que, por este solo motivo, no debe pagar contribuciones de bienes raíces. Ante tal tamaño error ningún periodista objetó su fantasiosa “explicación” (sic) posiblemente porque al verlo tan seguro, no se atrevieron a contradecirlo o porque desconocen la materia específica.La fundación Defendamos la Ciudad desde hace años le está diciendo, por la prensa y por mensajes electrónicos, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que regularice la deshonesta y tolerada situación porque es de suma gravedad lo que está sucediendo
Dicho general, muy suelto de cuerpo, en voz muy alta le expresó a la prensa allí convocada que el asunto de su parcela de 5.000 m2 de terreno no se debía mezclar con los desfalcos cometidos por sus subordinados porque él “sí cumplía la ley”, dejando entrever que el reportaje de Ciper tenía aviesas intenciones.
En ocasiones anteriores ya nos hemos referido a las trampas que cometen muchos con las subdivisiones agrícolas en predios rústicos de 5.000 m2 denominadas “parcelas de agrado”, creadas bajo el amparo del DL 3.516 del año 1980. Así se han establecido miles de Condominios Habitacionales en todo el país, vulnerando flagrantemente la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) del año 1976, ya que su artículo 55º impide la construcción de este tipo de viviendas en los sectores rurales o agrícolas.
La fundación Defendamos la Ciudad desde hace años le está diciendo, por la prensa y por mensajes electrónicos, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que regularice la deshonesta y tolerada situación porque es de suma gravedad lo que está sucediendo. En todo caso, el Departamento de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), cuando toma conocimiento de la existencia de estos Condominios, ejerce sus atribuciones cobrando las contribuciones a los dueños de esas viviendas.
El autor de esta columna de opinión, en su último comentario habitual en la radio Bio Bío, desenmascaró a los generales del Condominio de Peñaflor y a todos aquellos privados que se aprovechan de la debilidad del Estado para cometer evasión de tributos al fisco.
Es más, tales millonarias viviendas aludidas en Ciper tampoco contaban con permisos de edificación, luego no pagaron los derechos municipales respectivos, ni menos. por razones obvias, tenían los certificados de recepción final de obras, lo que ha impulsado al alcalde de Peñaflor a ordenar la casa en su territorio jurisdiccional. Por ello aludo a la tecnología de los drones en mi comentario anterior, pues utilizándolos cada cierto período de tiempo, y no son caros, todas las municipalidades del país podrán fiscalizar este tipo de construcciones para evitar los fraudes que el establishment conoce mejor que nadie.
Estamos seguros que ahora el SII emitirá los cobros de contribuciones a todos los dueños de las viviendas localizadas en el Condominio Habitacional de Peñaflor y seguramente sus fiscalizadores se encontrarán con otros tantos similares en esa comuna. Los futuros cobros están directamente relacionados con los m2 construidos por inmueble y la calidad de los materiales allí utilizados y la cobranza tiene efecto retroactivo, es decir, los olvidadizos generales deberán pagar por los 3 últimos años.
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