Las niñas y niños son titulares de todos los derechos que garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos y las convenciones y tratados a los que Chile ha adherido. En efecto, desde hace 25 años, nuestro país ratificó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, que enmarca un conjunto de garantías que apuntan a la necesidad de una protección y cuidado especial, pero también un ejercicio de derechos necesarios para su desarrollo positivo.
No obstante, a la luz de los resultados de la última CASEN, la Infancia es sin lugar a duda el grupo que manifiesta mayores condiciones de pobreza y exclusión. Asimismo, al analizar la realidad de Adultos y Jóvenes infractores de ley en sendos estudios apoyados por Fundación San Carlos de Maipo, hemos podido detectar que cuando existen condiciones de exclusión en edades tempranas, surgen factores de riesgo que potencian conductas antisociales y desencadenan trayectorias delictivas.El contar con un mandato de austeridad no tiene por sí mismo que significar congelar aquéllas partidas que son relevantes para impactar positivamente en la realidad de la Infancia vulnerada, más bien dirige el desafío de avanzar en programas eficientes, de calidad, con evidencia de impacto.
Por ello, junto con la declaración por parte del Gobierno de un presupuesto 2016 “centrado en las personas”, el anuncio del envío al Congreso del Proyecto de “Sistema de Garantías de Derechos de la Infancia” parecía ser un primer paso altamente necesario de priorización en materia de políticas públicas. Sin embargo, al revisar la iniciativa enviada a la Cámara, observamos que se congelan o reducen recursos destinados a aspectos claves de cobertura estructural.
El contar con un mandato de austeridad no tiene por sí mismo que significar congelar aquellas partidas que son relevantes para impactar positivamente en la realidad de la Infancia vulnerada, más bien dirige el desafío de avanzar en programas eficientes, de calidad, con evidencia de impacto. A la vista de los antecedentes queda de manifiesto que no hay avances significativos en reducir las brechas existentes en estos grupos prioritarios de mayor vulnerabilidad.
Por ello, tras celebrarse ayer el día internacional de la declaración de los derechos humanos instamos a la sociedad y en particular al Estado a hacerse cargo de reducir las brechas en materia de infancia que afectan a más de un millón de niños que nacen en pobreza y exclusión para poder sostener que nuestro compromiso es efectivo y no queda en el ámbito de las declaraciones.
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