Las noticias recientes sobre la designación y posterior renuncia de Iván Andrusco al cargo de Director de Gendarmería está arrojando luz sobre una deuda que nuestro Estado podría aún tener con la democracia.
Es cierto que no se puede condenar a todos quienes desempeñaron funciones en Carabineros, Ejército, Investigaciones y otros organismos como culpables de las acciones represivas. Muchos de ellos prestaron y continúan prestando un valioso servicio al país y nada tienen que ver con hechos de sangre.
Pero hay algunos que -teniendo responsabilidad- han quedado libres por varias razones, entre ellas la dificultad de investigar que tuvo nuestro Poder Judicial en los primeros años de la recobrada democracia, y porque es natural que en un proceso de transición haya existido cierta moderación en la búsqueda de justicia, en pos de evitar confrontaciones que podrían haber perjudicado dicho proceso.
Tenemos cierta tolerancia
Es natural entonces que -a pesar de que ello podría ser impensable en otras democracias modernas- los chilenos nos hemos acostumbrado a saber que en el país hay torturadores y participantes de variados tipo de represión que llevan vidas normales. Quizás podemos creer que algunos de ellos, en fuero interno, están arrepentidos y no representan un peligro para la sociedad. Quizás muchos de ellos entienden haber sido mal llevados por el control de la información de esos años y por las órdenes de las cadenas de mando a las cuales creían deber obediencia.
Pero lo que no puede ser natural entonces, es que el Estado no cuente con mecanismos para informarse y evitar nombrar o mantener a personas en cargos públicos, existiendo dudas razonables acerca de su participación en la represión.
A estas alturas es un tema transversal, que debería preocupar tanto a autoridades del anterior gobierno como del nuevo. La derecha hoy en el poder ha hecho un comprensible esfuerzo por distanciarse del pinochetismo y la dictadura de la cual muchos de sus adherentes formaron parte, y por lo tanto ocuparse más de investigar a funcionarios y asegurar su idoniedad para el cargo es de su interés, así como es del interés también de la actual oposición, entre cuyas filas aún estamos quienes fuimos víctimas de las acciones represivas de la dictadura.
Estamos de acuerdo, entonces ¿en qué topamos?
Lo que acaba de ocurrir es un excelente ejemplo porque Iván Andrusco no fue sacado de un día para otro de un largo retiro para dirigir Gendarmería. A pesar de su consignación como participante de una asociación ilícita responsable de crímenes de lesa humanidad, Andrusco trabajó durante el gobierno de la Concertación para organismos de seguridad del Estado, siendo incluso ascendido el 2004, durante la administración del Presidente Lagos.
Por lo tanto, es evidente que falta un proceso de revisión de cargos, aplicable tanto a quienes ya están en ejercicio como a nuevas incorporaciones, ya sea que correspondan a designaciones del Gobierno de turno, de alta dirección pública o de cualquier otro organismo estatal, incluyendo las Fuerzas Armadas y de Orden. Especialmente en el caso de las Fuerzas armadas y de Orden.
Esta revisión, que podría estar a cargo de Contraloría, de la Secretaría General de la Presidencia o ser una nueva organización, debería contar con recursos humanos y técnicos especializados en vigilancia e investigación, tener acceso a las bases de datos y expedientes de todos los organismos de seguridad, policía y justicia para poder emitir las alertas correspondientes hacia las autoridades en ejercicio. Es posible que la ANI, organismo existente que podría ejercer dicho rol, no cuente con los recursos para hacer bien dicha prevención y revisión. En ese caso, ha llegado el momento de que oposición y gobierno se ocupen de ello.
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