Definitivamente con la llegada del nuevo gobierno, la figura del enemigo interno ha vuelto a convertirse en protagonista principal de la filosofía que rige el comportamiento del Ministerio del Interior y de las fuerzas de orden y seguridad en nuestro país.
Esto demuestra que a pesar de todos los esfuerzos que supuestamente hicieron los gobiernos de la Concertación, no siempre honestos por cierto, por volver a generar confianza entre la sociedad civil y sus instituciones armadas, éstas siguen siendo, en esencia, las mismas de la dictadura y siguen asumiendo el rol de instrumento de dominación de clase, como huella indeleble de su código genético.
No es coincidencia por cierto que este retorno a su esencia se dé en el marco del actual gobierno. La derecha siempre ha sido partidaria de las sociedades militarizadas con el objeto de inhibir toda resistencia al aumento permanente de la tasa de ganancia de sus lucrativos negocios. Por lo mismo, hoy la doctrina de seguridad nacional resucita, desde los sucios cajones de los sectores más conservadores y autoritarios de nuestro país, y el compromiso prioritario con el modelo económico y no con la sociedad a la debieran defender, es lo que vuelve a caracterizar a nuestras fuerzas armadas y de seguridad.
Las imágenes que hemos visto en estos días de carabineros atacando y golpeando de manera brutal, enfermiza y sin razón a manifestantes pacíficos de nuestros pueblos originarios en Isla de Pacua se suman a los montajes, a la represión brutal y a los infiltrados en las marchas con el fin de crear desórdenes, justificar la represión y muestran de cuerpo entero a una policía llena de odio, que sólo se entiende a si misma como un instrumento para reprimir y aniquilar cualquier intento, de cualquier grupo social, de generar cambios al sistema impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar.
Queda claro, sin embargo, que la decisión de criminalizar la protesta social es una decisión que viene de los más alto de las esferas de gobierno, por lo que la búsqueda de responsabilidades por los abusos de poder a los que estamos asistiendo a diario, no deben agotarse en los uniformados que ejecutan directamente las acciones. Estas deben encontrarse fundamentalmente en el Ministerio del Interior y su nueva política de tolerancia cero hacia la resistencia al modelo y la protesta social. Esta es en definitiva la nueva forma de gobernar.
Que nadie se sorprenda, entonces, cuando volvamos a ver en la calle cada día más miembros de nuestra sociedad, de nuestros pueblos originarios, de nuestros jóvenes, trabajadores y estudiantes, protestando y enfrentándose a carabineros como si fueran enemigos, pues la definición nace de la actitud del gobierno, de tratarnos de la misma manera como lo hiciera la dictadura, lo que constituye una señal demasiado elocuente para no entenderla.
En este contexto, vanos resultarán los intentos por invitar a más gente a incorporarse a la política bajo los criterios, supuestamente democráticos, de quienes violan a diario nuestros derechos fundamentales y cuando la realidad dice que no es posible confiar en algunas autoridades, dispuestas a todo para proteger al modelo que ellos imponen, de quienes se atreven a soñar una sociedad mejor y buscan construirla mediante la resistencia pacífica, la movilización social o la lucha callejera.
Será tarea de un futuro gobierno, verdaderamente democrático y alternativo a este modelo de crecimiento sin desarrollo, asumir nuevamente el desafío de profesionalizar a las fuerzas armadas, de orden y seguridad, que no son ni deben ser un fin en si mismo, ni un instrumento de dominación de una clase sobre otra, y mucho menos, los perros cancerberos de un modelo económico que la mayoría del país comienza a rechazar.
Recuperar para Chile a sus fuerzas de orden y seguridad sigue siendo, a la luz de los acontecimientos, una necesidad urgente e impostergable. No vayamos a tener que arrepentirnos nuevamente de alguna víctima asesinada por el delito, intolerable para la derecha, de pensar distinto y soñar con un mundo mejor para todos y todas.
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