Ante la muerte de José Quintriqueo en Galvarino

Ante la muerte del comunero José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil, de 32 años, en la comuna de Galvarino, en el contexto de reivindicación de tierras, queremos manifestar lo siguiente:

La ocupación fue un acto de protesta ante la expectativas defraudadas de compra de tierras en épocas anteriores y la posibilidad de que CONADI comprara el fundo para otra comunidad.

1. Según los antecedentes conocidos, el comunero Quintriqueo se encontraba dentro de un grupo de personas haciendo ocupación de terrrenos en el Fundo Nilpe, reivindicados por su comunidad indígena José Quilaleo 2 del Lof Nilpe. El objetivo de dichos actos era promover que CONADI comprara los terrenos del Fundo Nilpe de 1.300 hectáreas. La actual propietaria del predio es una inmobiliaria, administrada por Raúl Quintas y el área agrícola está concedida en arriendo a una empresa. El grupo pertenecía a la Coordinación de Comunidades Mapuche en Reivindicación Territorial de la Comuna de Galvarino, que estaba haciendo ocupación del predio desde hace dos meses.
2. La ocupación fue un acto de protesta ante la expectativas defraudadas de compra de tierras en épocas anteriores y la posibilidad de que CONADI comprara el fundo para otra comunidad. Durante la ocupación, la relación entre los trabajadores del predio y los ocupantes siempre había sido pacífica. El ataque mortal a José Quintriqueo ocurrió, según la versión de la comunidad, sin mediar provocación previa, en un intento de sacar a los comuneros ocupantes.
3. Queremos compartir el dolor de la familia de José Quintriqueo, de su comunidad y de todo el pueblo mapuche que ha sido conmocionado con la muerte violenta de uno de sus miembros y llamamos a la solidaridad de todos los pueblos indígenas y la ciudadanía del país en general para con ellos.
4. Esperamos y exigimos que los hechos y las responsabilidades criminales sean esclarecidas en el más breve plazo, y que las medidas policiales y judiciales no sean afectadas por la indulgencia con que hechos similares han sido tratados en el pasado cuando las víctimas eran indígenas. El Estado tiene el deber de garantizar el acceso a la justicia de los familiares de la víctima y brindar una tutela eficaz de sus derechos.
5. Creemos, sin lugar a dudas, que los pueblos indígenas y sus comunidades tienen el derecho a la protesta pacífica para buscar corregir dentro de la política democrática las situaciones de injusticia como las que vive el pueblo mapuche. La afectación de derechos de terceros en los procesos de protesta debe ser prevenida por el Estado en un proceso de ponderación de derechos, pero no pudiendo nunca privar a los ciudadanos, incluyendo a los indígenas, de su derecho a la protesta.
6. Rechazamos cualquier uso de la violencia y consideramos abominable que se prive de la vida a una persona. Deseamos que la violencia no sea considerada como un recurso para intervenir en controversias de raíces profundas, donde la acumulación de malas políticas, desequilibrio a favor de ciertos intereses y la persistencia de injusticias históricas debilitan constantemente el diálogo y la confianza entre conciudadanos.
7. El Programa de Gobierno de Michelle Bachelet señaló que “se dará cumplimiento al proceso de restitución de tierras indígenas”, y agregaba que “se proporcionarán recursos para proteger los derechos de los Pueblos sobre sus tierras y recursos ancestrales”, así como se comprometía a nombrar una comisión para conocer de las situaciones de violencia contra las comunidades. Solicitamos que dichos compromisos sean cumplidos a la brevedad y con el sentido de urgencia que la postergación de los pueblos indígenas exige.
8. El Estado debe desarrollar políticas públicas que remuevan las graves injusticias que son el contexto de hechos lamentables como el sucedido estos días, incluyendo un mejor, más amplio y transparente sistema de recuperación de tierras, así como el reconocimiento de derechos colectivos, autonomías y representación especial de los pueblos indígenas. Se deben formular e implementar dichas políticas en base al diálogo, la consulta y la participación y evitar su captura por los intereses de los poderosos. La vía más segura hacia la paz en una sociedad plurinacional es la justicia.

Programa de Derechos Indígenas

Fundación Chile 21

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Imagen: metiendoruido