Mientras se creía que Chile era un país serio y que aquí no existía la corrupción, unos cuantos estábamos publicando columnas de opinión en la prensa digital denunciando la descomposición en la administración del Estado y dando cuenta de todos los arreglines interpretativos que se cometían los más importantes empresarios del país para violar la leyes, muchas veces con la complacencia de los funcionarios públicos quienes, para “hacer mérito” ante sus futuros empleadores privados, dado que los gobiernos duran solo 4 años, no ejercían sus roles de custodios de la legalidad.
Quien suscribe ha sido majadero en la acusación en contra de los especuladores, sobre todo en el sector del suelo, y ejemplos hay muchos respecto de particulares que se han beneficiado con las transformaciones, vía simples actos administrativos, de terrenos rurales a urbanos, impúdicas movidas que han generado millonarias plusvalías a esos regalones de los distintos gobiernos.En materias de tipo especulativo que generan significativas ganancias a los dueños de los terrenos que cambiaron sus usos, siempre intervienen “asesores” o lobbystas para asegurar los resultados buscados.
En el caso Caval no se perfeccionó el cambio de uso de suelo de las 44 hectáreas rurales localizadas en Machalí, de propiedad del agricultor quebrado Patricio Wiesner, solo porque el dúo Compagnon-Valero no le pagó a un operador de negocios los $ 200.000.00 que cobraba por ciertas labores de contactos telefónicos con la banca que debía prestarle a Caval la suma de dinero necesaria para comprar ese terreno. El sujeto que se consideraba legítimo acreedor, para presionar a la empresa que él consideraba deudora morosa porque sus gestiones habían sido decisivas, se contactó hace un año con la revista Qué Pasa y el resto del cuento todo el país ya lo conoce.
Ahora bien, últimamente la prensa ha señalado que el síndico de quiebras Herman Chadwick le pagó la suma de $ 415.000.000 al “experto” inmobiliario Juan Díaz, conocido actor privado en este tipo de negocios, para que intermediara, ejerciendo sus excelentes oficios, en la tramitación del Plan Regulador Intercomunal (PRI) de la VI Región con el fin de que los suelos de las 44 hectáreas se convirtieran en urbanos, con lo cual, si la operación se hacía con “inteligencia” y apelando a los contactos públicos precisos, todos los intervinientes en el episodio iban a ganar mucha plata pues en Chile no existe una legislación que le aporte al Estado una fracción de las plusvalías que se producen con los cambios en las reglas del juego.
Debemos tener presente que este tipo de decisiones administrativas son resueltas en votación de los consejeros regionales (CORE), a petición del respectivo Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo y si se produce un empate, el intendente ejerce su voto dirimente.
Debemos decir que, en materias de tipo especulativo que generan significativas ganancias a los dueños de los terrenos que cambiaron sus usos, siempre intervienen “asesores” o lobbystas para asegurar los resultados buscados y cuando aquellos mediadores son contratados por los interesados, en este caso por el síndico Chadwick, los convenios firmados ante notario con cláusula de confidencialidad, siempre se establecen contra la obtención de resultados.
Aquí fracasó el cambio territorial por el escándalo que se armó y se evidencia que nunca el síndico de quiebras le debió haber pagado por adelantado esa suma de dinero al denominado “Gatito” Díaz. Al hacerlo significó que actúo con precipitación creyendo en un 100% en la capacidad gestora de su especialista y por ello tiene plena validez el dicho “en la confianza está el peligro”. El receptor de los dineros podría argüir que, por una fuerza mayor o por hechos fortuitos, no se realizó el cambio de uso de suelo.
Este excelso negociante, hombre UDI, según publicación del 06/02/16 en un medio de prensa de circulación nacional, por petición de Compagnon, intervino con la arquitecta Cynthia Ross, también involucrada en Caval, en el año 2014 para destrabar (sic) una solicitud de permiso de edificación para una planta de la CCU en la comuna de Renca. Resulta que el dueño de la CCU es Luksic, uno de los empresarios más ricos que hay en Chile, lo cual es indicativo que tiene en abundancia los recursos económicos para contratar a los mejores arquitectos de la plaza para ese proyecto en Renca. Y como en la tramitación de ese permiso, obligatoriamente debía intervenir un revisor independiente, profesionales de alta capacidad técnica, es sumamente insólito que Compagnon haya asumido responsabilidades en las decisiones técnicas de la conocida CCU.
Son raras, por emplear un término suave, estas relaciones tan fluidas entre el accionista controlador del Banco de Chile y la co propietaria de una simple empresa de papel como es Caval. Lo anterior se podría explicar solo porque Luksic, individuo que sabe de estrategias comerciales, quería mantener y acrecentar las óptimas relaciones que tiene con Bachelet, suegra de Compagnon y madre del esposo de la anterior, ya que en esta vida todo es transable.
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