Las inmobiliarias engañan a sus clientes

---

Para erradicar las prácticas abusivas que se observan en el actual sistema económico, el Estado debe sacudirse y, con plena convicción, ejercer efectivamente sus atribuciones, sancionando a los malos empresarios, ya que está claro que la llamada “autorregulación de los mercados” es una simple falacia que solo persigue la dominación por parte de aquellos que comercializan bienes y servicios.

Celebramos que el programa “Esto no tiene nombre” de TVN haya dado a conocer en su edición del lunes 28 de julio de 2014 las malas prácticas de la industria inmobiliaria en sus relaciones comerciales con aquellos clientes que adquirieron departamentos creyendo que éstos tenían los metros cuadrados útiles construidos que figuraban en los folletos propagandísticos.

La labor de investigación periodística empleada por el director del programa fue impecable pues las cifras entregadas por los expertos contratados por ese canal eran irrebatibles y por ello los “emprendedores” acusados no se atrevieron a entregar en cámara sus explicaciones. Los resultados evidenciados fueron lapidarios y tal como las empresas quedaron muy mal paradas ante el mercado y ante las instituciones públicas, los esforzados compradores mostraron signos de abatimiento. También fue muy poco convincente el vocero de la Cámara de la Construcción cuando la lúcida periodista lo interrogaba y eso era así porque esa corrupta e inaceptable práctica mercantil no podías ser calificada como un “error administrativo”.

Aquellos interesados en disponer de su inmueble propio firmaron de buena fe escrituras públicas de compraventa por precios que después de haber visto ese programa, constataron que fueron vilmente engañados no solo por los simples y habitualmente ignorantes vendedores, sino también por los propios dueños de las inmobiliarias. Estas empresas, a sabiendas del timo, el que les genera mayores e ilícitas ganancias, no describen ni en las promesas de compraventa ni en las propias escrituras las superficies que tienen dichos departamentos, lo que ha quedado al descubierto con este magnífico programa de la televisión pública.

Sintomáticamente y a pesar del fuerte impacto causado en la población con esta transmisión, ningún otro medio de prensa se ha referido al caso, con lo cual se deja de manifiesto la óptima labor profesional desplegada por las agencias de comunicaciones de la industria afectada: la mudez organizada en la prensa es fundamental para que no se deteriore la imagen del sector económico puesto en tela de juicio y en este sentido se justifican plenamente los subidos honorarios de los lobistas aliados de los editores.

Siempre hemos sabido que cuando la Cámara de la Construcción y las otras organizaciones menores que se dedican a la explotación del recurso suelo se refieren en sus insertos en los medios al concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una burda maniobra que busca el auto bombo, para lo cual cuentan con la seguridad de que el papel lo aguanta todo.

Ahora bien, el Sernac ha tenido que interponer demandas colectivas en contra de algunas inmobiliarias porque sus contratos contenían cláusulas abusivas que les permitían incumplir ciertas promesas a sus clientes y no nos ha sorprendido en absoluto que ese servicio público, durante el año 2013, como lo ha consignado públicamente José Antonio Peribonio, ex director del mismo, haya recibido más de 7 mil reclamos por diferentes situaciones que perjudicaban a compradores de viviendas.

Existe una Ley de Calidad de la Vivienda, redactada por el Minvu y posiblemente en conjunto con los propios actores oferentes del mercado, instrumento que a través del tiempo ha demostrado en los hechos su total inocuidad y por ello es indispensable que al Sernac se le entreguen mayores atribuciones en la nueva ley que se está tramitando en el Congreso Nacional. Para erradicar las prácticas abusivas que se observan en el actual sistema económico, el Estado debe sacudirse y, con plena convicción, ejercer efectivamente sus atribuciones, sancionando a los malos empresarios, ya que está claro que la llamada “autorregulación de los mercados” es una simple falacia que solo persigue la dominación por parte de aquellos que comercializan bienes y servicios.

Ya que la “cocinada” Reforma Tributaria se votará próximamente, estimamos necesario referirnos a los planteamientos expuestos en la columna “Viviendas Económicas (DFL2)”, publicada por quien suscribe el 25 de febrero de 2001, ¡13  años atras!, en El Mercurio, época en que ese diario todavía no me censuraba y la columna “Los increíbles privilegios del DFL2”, publicada por el ingeniero especialista Sergio Fernández el 31 de julio de 2014 en El Mostrador.

En estas 2 columnas de opinión, se entregan macizos fundamentos para que las autoridades competentes, aquí y ahora, parodiando a Ricardo Lagos, tomen la decisión de terminar con la mendaz figura de las “viviendas económicas DFL2” porque en una economía abierta, como la nuestra, el negocio de la construcción inmobiliaria no puede seguir disfrutando de todas las franquicias y beneficios que el Estado le ha entregado a ese sector desde el año 1959. También es dañino para el sistema adjudicar excesivos tratos de privilegio a un solo sector de la economía porque así se produce lo que se llama “desviación de comercio”.

Sergio Fernández, con la información oficial entregada recientemente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), detalla con cifras indesmentibles como una minoría de particulares recibe millonarios ingresos por las rentas de esos inmuebles, sin que esos montos se reflejen en sus declaraciones anuales del impuesto global complementario. Lo anterior acontece porque esa atávica e injustificada disposición del DFL2 así lo señala.

Como son muchos millones de dólares los que no ingresan a la caja fiscal y porque las regalías tributarias se deben focalizar solamente en los más pobres del país, esperaríamos que, con la Reforma Tributaria, se deje sin efecto esta inequitativa regulación que ha generado inmensa riqueza a ciertos regalones, la misma que podría haber servido para terminar con el déficit habitacional que sufren los pobres y mejorar sustantivamente la calidad de las llamadas “viviendas sociales”.

Por último y retomando la causa que nos motiva esta reflexión, cual es el engaño de las inmobiliarias a sus compradores, esperaríamos que a partir de ahora en todas las promesas y escrituras públicas de viviendas nuevas se señale con claridad que el precio de la transacción corresponde a los m² publicitados en sus coloridos folletos promocionales. De esta manera la lucrativa industria inmobiliaria podrá desenvolverse bien en este competitivo mercado.

—–

Foto: Pollobarba / Licencia CC