Las empresas sanitarias son monopolios naturales, regulados por el Estado, a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), quien fija sus tarifas y aprueba y fiscaliza la ejecución de los planes de inversión de las empresas (planes de desarrollo). En este aspecto es imprescindible que esta autoridad revise los planes de inversión vigentes de las empresas, ya que las inversiones en mantención y reemplazo de redes parecen insuficientes.
En las últimas semanas se ha generado un gran malestar en la comunidad por los cortes de agua que han afectado la mayoría de la población de Santiago. Consultada por la prensa, la empresa responsable, Aguas Andinas, ha salido a calificar estos hechos como situaciones puntuales, ocasionadas por problemas de operación, debidos a fenómenos climáticos excepcionales ocurridos en la cuenca del Río Maipo, la principal fuente de abastecimiento de agua de la capital. Por mi experiencia en el sector sanitario, se me ha solicitado dar públicamente mi opinión sobre lo que a mi entender, pudiese explicar estos problemas. Aunque no cuento con mayor información que la puesta a disposición del público, por la empresa y por el organismo regulador de ésta, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), me he atrevido a plantear mi punto de vista, con el único fin de contribuir a la solución de este problema.
El último corte generalizado de agua en Santiago, si bien puede haber tenido como causa principal el aumento de la turbiedad del agua, por la lluvia caída en la parte alta de la cuenca del río Maipo, dejó de manifiesto la precariedad de nuestro sistema de tratamiento de agua potable, y una incógnita sobre si se han realizado las inversiones necesarias para modernizar la Planta de Agua Potable de Las Vizcachas, cuya construcción data de hace varias décadas.
Esto cobra mayor relevancia si consideramos que por causas del cambio climático es esperable que estas situaciones meteorológicas se repitan y con mayor frecuencia en el futuro. En este mismo sentido es necesario revisar con mucha atención cualquier intervención que se realice en la cuenca del Maipo, por las consecuencias que pueda ocasionar al normal abastecimiento de agua de la capital.
Por esta razón es necesario evaluar con urgencia el impacto que el proyecto de Generación Hidroeléctrica Alto Maipo pueda tener sobre el abastecimiento de agua potable de Santiago. Habrá que analizar en detalle los términos del contrato entre Aguas Andinas y Aes Gener, que permitió viabilizar este proyecto y que según la prensa debiera darse a conocer en los próximos días.
Las empresas sanitarias tienen la obligación de mantener la calidad y la continuidad de los servicios que prestan (agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas), debiendo para ello realizar oportunamente, entre otras, las inversiones en reposición y ampliación de la infraestructura, especialmente de las redes que son elementos que por estar bajo tierra deben ser constantemente monitoreados, ya que en general sus fallas sólo son perceptibles a simple vista cuando se produce un colapso. El atraso en el reemplazo de redes de agua potable obsoletas puede traer gravísimas consecuencias en el abastecimiento de agua y en la salud de la población. De igual forma, atrasos en el reemplazo de redes de alcantarillado, con sus vidas útiles cumplidas, puede también afectar gravemente la salud de la población.
Las empresas sanitarias son monopolios naturales, regulados por el Estado, a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), quien fija sus tarifas y aprueba y fiscaliza la ejecución de los planes de inversión de las empresas (planes de desarrollo). En este aspecto es imprescindible que esta autoridad revise los planes de inversión vigentes de las empresas, ya que las inversiones en mantención y reemplazo de redes parecen insuficientes. A modo de ejemplo, en 2011, las inversiones de Aguas Andinas fueron en términos porcentuales: 11,2% para agua potable, 2,9% para alcantarillado y 87% para tratamiento de aguas servidas. Para el mismo año, los promedios del sector fueron 33,1% para agua potable, 13,7% para alcantarillado y 53,4% para tratamiento de aguas servidas (según datos obtenidos del Informe de Gestión 2011, elaborado por la SISS).
Claramente existe un incentivo económico para que las empresas privilegien la construcción de obras de tratamiento de aguas servidas, ya que mediante ellas pueden agregar un cargo adicional a la boleta de los clientes. Sin embargo es también claro que el regulador debe velar porque las inversiones no sólo sean guiadas por la búsqueda de lucro de las sanitarias, sino que principalmente para garantizar la calidad y la continuidad de todos los servicios prestados.
Respecto de las tarifas, es necesario que la autoridad explique las altas utilidades de algunas de las empresas sanitarias, teniendo en cuenta que la ley, al mismo tiempo que garantiza una rentabilidad mínima (del orden de 7%) a los prestadores, señala que los aumentos de eficiencia deben ser compartidos con los clientes. Muy altas utilidades generan la duda razonable de si las tarifas están siendo fijadas tomando en cuenta, en forma adecuada, los intereses de los clientes. A modo de ejemplo, en 2011, las utilidades sobre patrimonio de algunas de las principales empresas fueron las siguientes: Aguas Andinas 18,2%, Essbio5,4%, Esval 5,2%, Aguas Antofagasta 18,5%, Aguas Altiplano 31,8% y Aguas Magallanes 28,6% (en este mismo período el promedio del sector fue de 11,8%).
Ha resultado lamentable ver a la población (de Santiago, y también de otras ciudades del país, como Valparaíso), que paga cada mes una boleta que incluye el 100% de todos los costos que genera la provisión de servicios sanitarios, incluyendo la utilidad de la empresa, trasladando agua en bidones para poder abastecerse. Esta imagen no se condice con lo que se espera de un país que aspira al desarrollo, y que hasta ahora ha contado con excelentes niveles de calidad, continuidad y cobertura de servicios sanitarios.
Es responsabilidad de las autoridades, de nosotros los usuarios y de la comunidad en general, tomar las situaciones ocurridas como una señal de alerta de lo que puede seguir pasando en el futuro, si no nos preocupamos de exigir a las empresas responsables que entreguen los servicios con la calidad y continuidad adecuada, así como también de velar por que el precio que paguemos por esos servicios sea el que corresponde.
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Foto: Felipe Burgos
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