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Inversiones privadas y territorios rurales: ¿Cómo generar efectos positivos?

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El peso de las grandes inversiones  privadas en los territorios  se ha convertido  en un factor decisivo de transformación de las dinámicas de desarrollo en numerosas zonas rurales donde existen buenas condiciones para la agricultura a gran escala, la minería, el desarrollo acuícola, la industria forestal o la hidroeléctrica, y el turismo, entre otras áreas de la economía. Pero con decir “decisivo”, no necesariamente estamos diciendo positivo.

Distinto es cuando las inversiones establecen relaciones fuertes con empresas locales a las que compran bienes o servicios, o cuando se trata de actividades productivas en el uso de mano de obra relativamente bien remunerada. Bajo ciertas condiciones, estas relaciones pueden dar origen a los clústeres, que articulan a una amplia gama de actores (productores, proveedores, organizaciones gubernamentales, universidades, agencias reguladoras o asociaciones de comercio) que interactúan en lógicas de competencia y colaboración. Esto suele resultar en ventajas en eficiencia, eficacia y flexibilidad que llevan a un aumento de la productividad de las empresas de la zona e incentivan la innovación.

De este modo, los grandes proyectos de inversión privados de naturaleza extraterritorial pueden ser  potenciales factores de dinamismo económico local, o convertirse en fuente de desigualdad y exclusión, sin mayor impacto en la reducción de la pobreza. Pero, cuáles son las condiciones para que las inversiones extraterritoriales conduzcan a resultados favorables, tanto en crecimiento económico como en inclusión social y sustentabilidad ambiental.

La primera es que las inversiones generen encadenamientos productivos tanto verticales (a lo largo de una cadena de valor) como horizontales (entre cadenas), que posibiliten la participación de empresas locales, utilizando bienes y servicios de pequeños y medianos proveedores de la zona, generándose oportunidades económicas y estimulando nuevos emprendimientos locales. Para las grandes empresas, estas condiciones ofrecen mayores oportunidades productivas y nuevas estrategias para la gestión de los riesgos asociados a mercados que les exigen una mejor relación con la sociedad local y el medio ambiente.

Una segunda condición es que estas empresas otorguen nuevas oportunidades de trabajo decente para los habitantes del sector, lo que incide favorablemente en los ingresos de los hogares. Por esta vía, las inversiones extraterritoriales pueden ayudar a revertir la tendencia general a la emigración desde zonas rurales, e incluso incentivar la llegada de nuevos habitantes.

Un tercer punto es la construcción de marcos institucionales para el acceso y uso equitativo de los activos naturales. Se requiere de arreglos institucionales que faciliten la presencia de grandes proyectos de inversión extraterritoriales, pero que a su vez no coarten las posibilidades de las comunidades locales de acceder y usar de forma sostenible los activos existentes en su territorio.

Por último, estudios territoriales realizados en América Latina por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, plantean la necesidad de contar con coaliciones sociales que incluyan a gobiernos locales, organizaciones sociales, medianos y pequeños empresarios, representantes de los servicios, entre otros. Cuando estas coaliciones existen y cuentan con una visión y un proyecto de desarrollo para su territorio, suelen ser un factor decisivo para que las grandes inversiones aporten positivamente a los procesos de desarrollo territorial.

Sin estas cuatro condiciones actuando de manera sincrónica en el tiempo y en el espacio, las dinámicas impulsadas por grandes inversiones privadas en los territorios, conducen generalmente a procesos de crecimiento económico con baja capacidad de inclusión social,  condiciones crecientes de deterioro ambiental y, finalmente, a conflictos territoriales que limitan el crecimiento de las mismas inversiones extraterritoriales y, lo que es peor, a consolidar conflictos que terminan retardando los procesos de desarrollo local.

La acción pública y el Estado no pueden quedar impávidos ante este tipo de escenarios. Es mejor adelantarse a los conflictos y tomar partido por el crecimiento económico con inclusión social y responsabilidad ambiental. Esto requiere distanciarse de los conceptos de autorregulación de los mercados, para tomar roles activos, pero inteligentes, que no inhiban el crecimiento económico, condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo territorial.

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Foto: Leandro Álvarez / Licencia CC

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