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Doble estándar por parte del Contralor

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El contralor es una persona muy capaz y asaz educada, se desenvuelve con especial acierto con la prensa y hace gala de un elegante y característico humor, pero en el ejercicio de su poder lamentablemente ha incubado una “doctrina” maliciosa

En su cuenta pública del 26 de mayo pasado, el Contralor Ramiro Mendoza fustigó al poder ejecutivo estando presente en tal acto la presidenta Michelle Bachelet, en razón a que había detectado varias “contradicciones legales” que imposibilitan la labor fiscalizadora de su institución pública. Dio a conocer unos cuantos ejemplos demostrativos de su justificada crítica, haciendo un paralelo con lo que sucedía en la época de la intromisión militar en la conducción política del país.

Recordemos que Mendoza fue nominado como titular de la Contraloría General de la República (CGR) por un pedido personal de Sebastián Piñera a su cuasi pariente José Antonio Viera Gallo, cuando éste se desempeñaba en el cargo de ministro de la Secretaría General de la Presidencia, mientras Bachelet ejercía por primera vez el mando de la nación.

Ello ocurrió porque unos funcionarios hablantines de la CGR fueron a La Moneda con cuentos de mal gusto sobre la Sub Contralora, Noemí Rojas, muy competente abogada de carrera quien, en opinión de muchos, incluyendo la del suscrito, debía ser la continuadora natural como máxima autoridad de ese órgano de control y fiscalización. Es decir, el gobierno de entonces le dio crédito a esas nocivas habladurías y así se vetó el nombre de tan distinguida profesional, con lo cual el abogado Mendoza, experto en derecho administrativo que venía del sector privado, fue el designado por 8 años.

El contralor es una persona muy capaz y asaz educada, se desenvuelve con especial acierto con la prensa y hace gala de un elegante y característico humor, pero en el ejercicio de su poder lamentablemente ha incubado una “doctrina” maliciosa, la que más adelante describiremos, en las innumerables ocasiones en que ha debido resolver materias relacionadas con permisos de edificación mal otorgados por los Directores de Obras Municipales, actos que le han sido denunciados por distintas comunidades de vecinos y por organizaciones de la sociedad civil, una de las cuales es la Fundación Defendamos la Ciudad.  Así, sin proponérselo, con la emisión de sus dictámenes, perturba el correcto funcionamiento del libre mercado de la construcción y en particular del mercado inmobiliario.

Afirmamos lo anterior porque desde mayo del 2003 está vigente la Ley Nº 19.880 “De Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado”, legislación que Mendoza conoce muy bien por su especialidad profesional, pero que majaderamente se niega a aplicarla en los casos en que hemos aludido, los que son numerosos a nivel país.

Esa ley se publicó después que se conocieran los pagos indebidos en efectivo que el Palacio de La Moneda le entregaba en sobres cerrados a diversos funcionarios públicos con el falaz argumento de que sus sueldos eran bajos. Recordemos que sus beneficiarios no declaraban esos ingresos en el Servicio de Impuestos Internos (SII), entidad que en aquella época convalidó esa omisión. Se puso fin al escándalo cuando Longueira y Lagos acordaron aumentar esos estipendios a todos y el Congreso Nacional ordenó la casa aprobando la ley Nº 19.880 que la consideramos muy sana para el sistema democrático que nos rige y, en especial, de utilidad para que los actores privados que intervienen en los distintos sectores de la economía, procedan en igualdad de condiciones : reglas claras para todos.

Esa excelente ley a modo de algunos pocos ejemplos dice que :

  • los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad.
  • las personas, en sus relaciones con la Administración, pueden conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copia de los documentos existentes en los expedientes.
  • es obligatorio el cumplimiento de los plazos fijados en esta ley como en otras leyes, declarando que el plazo máximo del procedimiento administrativo es de 6 meses.
  • es posible ampliar los plazos de cada acto, pero en ningún caso cuando ya está vencido.
  • en lo concerniente a esta columna dice que la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 2 años desde la fecha de su emisión, señalando en todo caso que el privado que disponía de ese acto viciado puede recurrir ante los tribunales de justicia haciendo valer su presuntos derechos.

Ahora bien, don Ramiro ha considerado que es bueno para el país no prestar la más mínima atención a esta ley y así, existiendo infinidad de dictámenes en los cuales se demuestran sin lugar a dudas las ilegalidades que contienen los permisos de edificación, la Contraloría finalmente concluye que “los errores de la administración no pueden perjudicar a los privados porque éstos actúan de buena fe” (sic) o algo parecido. Según él, un acto irregular perfectamente puede ser incorporado en el patrimonio del particular que lo posee.

Esta curiosa doctrina da pábulo para que el sector inmobiliario siga procediendo como lo ha hecho hasta ahora, es decir, con el libertinaje más absoluto, ya que sus pechugones empresarios tienen la certeza de que el órgano fiscalizador siempre dirá que esos influyentes privados en Chile son unas blancas y santas palomas a quienes no hay que molestar con pueriles exigencias de tipo legal. Que lo anterior sea contradictorio con un  Estado Democrático de Derecho parece no importar mayormente porque, según la actual Contraloría, el bien superior en el sistema neoliberal imperante sería crear riqueza física porque así Chile tendrá los índices de crecimiento económico que buscan sus dirigentes políticos y empresariales.

Finalmente, nos gustaría que Mendoza, persona inteligente y perspicaz, revisara con sus colaboradores inmediatos su doctrina de la buena fe, porque, en el  escenario existente, los negocios se manejan buscando solo la máxima rentabilidad económica y dentro de lo posible adscritos a la ley. Tal como en su cuenta pública él le exigió al gobierno que mejore sus proyectos de ley, la Contraloría bajo su mando también debe aplicar la ley del Procedimiento Administrativo porque así todos los actores privados de la construcción sabrán a qué atenerse si se detectan sus malas prácticas.

——–
Foto: Contraloría

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Comentarios

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Alfredo Contreras

27 de mayo

muy buena la columna de su autor. Ahora esperamos que el contralor sr. Mendoza empiece a aplicar la ley con el rigor necesario para terminar con la corrupción conocida por todos.

Ciudadano

27 de mayo

Lo que yo he conocido respecto de ilegalidades como dice el artículo, o “errores” como yo prefiero llamarlos, que contienen algunos permisos de edificación otorgados en Las Condes, no me parece que haya sido con la buena fe de los particulares involucrados. Podría, en mi opinión, hablarse de “errores a propósito”. Relacionado con eso, el caso puntual de las irregularidades establecidas en la resol CGR 3677-2009, resolución que no produjo efecto correctivo alguno.

27 de mayo

Muy bien Pato. Algún día lograremos que cambie esa doctrina de la Contraloría, y hay que decirlo, también de la Suprema, que permite que se adquieran derechos a partir de actos ilegales. Como si un ladrón que roba algo, luego no se le pudiera privar de ese bien malhabido. Puro fomento a la corrupción.

Mauricio Román

27 de mayo

El Contralor Mendoza no sólo tiene una “doctrina maliciosa” en materia de permisos de edificación mal otorgados, sino también en materia de transparencia.
La Ley de Transparencia establece que los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado son públicos y deben publicarse en sus sitios electrónicos, pero el señor Mendoza parece darle otros usos a esa ley, pues, mediante Dictamen Nº 68392 del 2012 consideró que “únicamente se publican los pronunciamientos firmados por el Contralor General o por los funcionarios de esta Sede Central especialmente autorizados, que son los que conforman la jurisprudencia administrativa, y no los oficios emanados de las sedes regionales” (sic).
Considera este funcionario público que los actos de las Contralorías Regionales no tienen carácter decisorio, razón por la cual no deben ser publicados.
La razón de dicho Dictamen fue para defender la negativa a publicar un pronunciamiento vergonzoso de la sede regional Valparaíso, el que consideró que un loteo que contemplaba la apertura de dos nuevas calles no era tal, sino una simple subdivisión, permiso que liberó a los poderosos propietarios de la obligación de urbanizar, de hacer donaciones para áreas verdes y del pago de derechos municipales. Aunque Ud. no lo crea!

Ciudadano

27 de mayo

Esgrimiendo que han pasado más de 2 años, es como VIAS DE ESCAPE completas de un centro comercial, han dejado de existir. Así es como se ha validado la “via de los hechos irregulares, consumados”.

Gustavo Cruzat

28 de mayo

La doctrina de la buena en la adquisición de derechos, que es justamente la que aplica el Contralor Ramiro Mendoza, adolece de graves errores jurídicos que es conveniente mencionar.

Es cierto que los errores de la Administración, en principio, es injusto cargárselos al administrado que de buena fe cumple con las leyes. No obstante, la buena fe constituye una presunción simplemente legal que puede ser desvirtuada, según las normas de los artículos 706 y 707 del Código Civil (normas de aplicación general, de donde nace la teoría, de larga data, que el Contralor aplica).

Sin embargo, hay que recordar que la ley señala que de derecho se presume la mala fe (es decir, no admite prueba en contrario) frente a los errores en la aplicación de la ley. Esta situación es precisamente la que sucede cuando las constructoras e inmobiliarias saben que no cumplen con las normas urbanísticas pertinentes, y en dichas condiciones tramitan permisos. Eso es no sólo inmoral y un abuso, sino que derechamente un acto ilegal y de mala fe, que el derecho no puede amparar, y que de hecho no ampara. ¿Cómo explica el señor Mendoza, esta falta de aplicación de la ley?

De mantenerse esta doctrina (sin revisión) se van a seguir violentando los derechos de ciudadanos indefensos que ven cómo su patrimonio se va mermando frente a actores inescrupulosos que se benefician de la teoría de los derechos adquiridos de “buena fe”, que no es sino una grotesca ficción de lo que sucede en la realidad.

Gustavo Cruzat Arteaga

Roberto Lozano

28 de mayo

Patricio, serán necesarias varias generaciones para subsanar esta prácticas, estamos en Chile , no en Noruega, aquí el que no es pariente es amigo y así se reparte la torta.

Que bueno sería que tuvieras tribuna en los medios masivos, el público inculto de este país no sabe ni entiende tus denuncias.

28 de mayo

Para lo anterior, existen los Tribunales Internacionales cuando las figuras legales del país se ven vulneradas, porque en este caso según lo que leo es una falta dada por una de las mayores autoridades del país. Actualmente, los Tribunales no harían nada sino que se adecuarían a la Ley de Transparencia.

pato herman

29 de mayo

Sr. Herman, los abiertos actos corruptos del contralor que usted denuncia en este articulo demuestran claramente que usted se ha quedado sin piso para que su labor tenga siquiera sentido. le recomendamos que reoriente sus intereses y esfuerzos. saludos

30 de mayo

Le contesto a mi hijo : No he dicho “actos corruptos del contralor”. Sí manifesté que el contralor se equivoca con su permanente aplicación de la teoría de la “buena fe” de los privados que se desenvuelven en el negocio inmobiliario porque así se produce la impunidad.

Hay algunos cuantos actores privados que no hacen trampa, los que están en desventaja respecto de los pillos, con lo cual se erosiona la libre competencia en el sistema de mercado.

Veremos si después de esta columna el contralor hace prevalecer la ley dejando a un lado la falacia de la buena fe.

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