El proyecto de ley que crea un sistema de aportes al espacio público, durante su tramitación en el Congreso Nacional, ha tenido una serie de modificaciones -algunos para bien y otros para mal, desde mi perspectiva que mencionaré a continuación-. Comenzaré con los aspectos positivos del proyecto.
Un aspecto positivo es que el proyecto ingresa nuevos instrumentos de planificación urbana como que cada comuna y conurbación intercomunal deberá tener un plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, un plan maestro de mitigaciones de transporte y se podrá tomar medidas adicionales en zonas consideradas de saturación vehicular.Todo gasto realizado hoy -bajo un plan bien hecho- es una inversión que es posible de rentabilizar en los proyectos de construcción; y por tal no serían solamente gastos, sino una valorización adicional que los proyectos, los barrios y la ciudad ganarán.
Los cálculos del aporte o mitigación se realizan bajo un sistema que considera tres elementos: universalidad, predictibilidad y proporcionalidad, dejando el menor espacio posible a la negociación y a la discrecionalidad. Pero el proyecto ha perdido su espíritu en el concepto de ser un sistema de aportes por un sistema de mitigaciones de externalidades, esto motivado por la idea de la existencia de déficit histórico en el espacio público. Los desarrolladores inmobiliarios y la Cámara Chilena de la Construcción son los principales promotores de este cambio argumentando que los déficits históricos de las ciudades son absoluta responsabilidad del Estado y por tanto estos deben ser subsanados por recursos públicos.
En cierta medida algo de razón posee la Cámara de la Construcción, porque la existencia de muchos de los déficits históricos del espacio público que conocemos hoy fueron gestados por el Estado, en épocas donde lo prioritario siempre fue entregar viviendas a una creciente población que lo necesitaba por sobre la calidad de los espacios públicos.
También es cierto que muchos de los déficits que hoy tenemos nacen en el abuso de la norma, en la especulación, en el aprovechamiento de resquicios legales por parte de los privados. Ejemplo de esto es construir proyectos por etapas y de forma parcelada de manera que estos parezcan cada uno proyectos individuales, incluso de empresas distintas, pero que en el fondo responden al mismo gran proyecto, que por tener una menor escala las externalidades por las que deben responder son mucho menores.
Una segunda situación corresponde a las obligaciones que la Ordenanza General de Urbanismo impone a los proyectos en construcción; para no cumplir con el requerimiento de un EISTU se construyen menos estacionamientos que la norma exige y de esta forma no realizar mitigaciones en la vialidad.
Realizar alguna de estas acciones no es un acto ilegal y se hacen respetando la norma vigente, pero en la actualidad se necesita más que eso para que una acción en el mundo público sea correcta. Muchas veces se espera de quienes tienen el poder de incidir en nuestra vida cotidiana una mayor altura moral y una visión a largo plazo de las problemáticas que como ciudadanos vivimos.
Los déficits históricos que hoy tenemos en las ciudades es una responsabilidad compartida entre el sector público y los privados, lo justo es que así también se puedan resolver. En muchas ciudades del mundo el desarrollo de las ciudades va necesariamente de la mano con los dos sectores a través de normas, incentivos, o exenciones tributarias; en ningún caso ciudades como Nueva York, Barcelona o Londres se han desarrollado sólo con gasto público.
Más aún en el contexto de una ciudad altamente segregada y monocéntrica, como Santiago, es absolutamente inconveniente que el desarrollo de la ciudad, bajo la lógica de externalidades, que realizan los privados esté sólo condicionada a un sector acotado alrededor del proyecto en cuestión, lo que aumentaría las desigualdades al beneficiarse las comunas de siempre y que no necesitan mayores mejoramientos de sus espacios públicos como si las necesitan las comunas periféricas.
Es esperable que exista en el empresariado y en nuestras autoridades una altura de miras, una mirada estratégica a largo plazo. Todo gasto realizado hoy -bajo un plan bien hecho- es una inversión que es posible de rentabilizar en los proyectos de construcción; y por tal no serían solamente gastos, sino una valorización adicional que los proyectos, los barrios y la ciudad ganarán.
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