Actualmente se discute en el Ministerio de Salud el reglamento de la Ley Ricarte Soto (20.850), cuyo objetivo principal es beneficiar al paciente garantizando su Protección para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo. Velar por los derechos, accesibilidad y seguridad de quienes participan de un estudio clínico, previa autorización de los organismos estatales pertinentes y, del propio paciente a través de un consentimiento informado, nos parece fundamental. Sin embargo, se requiere de una legislación que reconozca y armonice los distintos componentes del bien común y el desarrollo intelectual, cultural y material de nuestro país.
La actual Ley 20.850 y su propuesta de reglamento presentan contradicciones y sinsentidos que levantarán barreras para la investigación académica y biotecnológica nacional. La imposición que recae sobre el desarrollador de una terapia innovadora de asumir el suministro sin costo de terapias para los sujetos de investigación, post-estudio y a plazo indefinido, gatillará el ocaso de la investigación clínica nacional. La razón es simple: el desarrollo local se detendrá y los estudios clínicos migrarán fuera de Chile. Con esto, el objetivo originalmente altruista de la ley habrá fracasado doblemente; incumpliendo la promesa al paciente de acceder a terapias sin costo, y suprimiendo todo desarrollo nacional de terapias innovadoras, arrasando con investigadores, científicos y gestores que impulsan día tras día el desarrollo científico, tecnológico y económico del país.Es de esperar que con el debate actual podamos alcanzar un marco legal que permita fomentar aún más la investigación en el país, pues necesitamos una regulación que aborde terapias, accesibilidad a pacientes en forma justa y que a la vez promueva el desarrollo tecnológico y una industria innovadora.
Es rol del Estado garantizar el acceso a la Salud de todos los chilenos. Para ello cuenta con herramientas de Recaudación Fiscal y variados impuestos a las personas jurídicas y naturales. Si el objetivo de la ley es mejorar el acceso a terapias y medicamentos de alto costo, entonces ¿por qué no partir eliminando el IVA gravado sobre ellos? Así los medicamentos serían 19% más baratos. Contradictorio, por decir lo menos.
Asimismo, nos parece necesario incorporar una categoría de “terapia médica avanzada” con el objetivo de precisar aquellas investigaciones con tecnologías innovadoras, tales como la terapia celular y génica.
Es de esperar que con el debate actual podamos alcanzar un marco legal que permita fomentar aún más la investigación en el país, pues necesitamos una regulación que aborde terapias, accesibilidad a pacientes en forma justa y que a la vez promueva el desarrollo tecnológico y una industria innovadora.
Por Oscar Solar, CEO Cells for Cells y Consorcio Regenero.
Comentarios