Institucionalidad científica: menos distorsiones y wishful thinking

La grave crisis en que se encuentra la ciencia chilena ha provocado que el debate haya tomado más fuerza en los últimos meses, llevando a parte importante de la comunidad académica y científica a reiterar la demanda por una institucionalidad de rango ministerial, propuesta que, en líneas generales, no tiene grandes cuestionamientos, sobre todo luego de las dos comisiones presidenciales creadas en años recientes para abordar el tema.

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La ciencia va de la mano no solo con la educación, sino que también con la economía, la cultura y las políticas públicas, y cualquier estrategia debe hacerse cargo de sus múltiples dimensiones, al mismo tiempo que corregir algunos de los problemas estructurales del actual sistema nacional

Esto no ha impedido que algunos busquen promover ciertas desinformaciones o distorsiones, con el fin de atacar esta propuesta de institucionalidad. Después de mucho tiempo, se hace necesario abordar estas críticas (tarea que implicará más de una columna), ya que pensar en una salida a la crisis de la ciencia chilena sin reformar su institucionalidad es una idea sencillamente destinada al fracaso. No es mi intención defender aquí la idea misma de un ministerio para la ciencia, pues a estas alturas otros ya han hecho el trabajo de analizar las alternativas, y se han alcanzado las conclusiones ya conocidas.

Partamos por la primera idea fuerza impulsada por estos críticos: que la ciencia chilena no tiene problemas de gestión, sino que sus problemas son políticos. Más allá del simplismo de pensar que la profunda crisis que afecta a la ciencia tiene una sola causa o explicación (o la gestión, o la política, o la inversión), no se puede relativizar -como algunos hacen- la incapacidad de la actual institucionalidad para resolver algunos de los graves problemas de la ciencia y evitar las desastrosas consecuencias asociadas. Por ejemplo, en estos días nos hemos vuelto a enterar de problemas con los pagos de becas de postdoctorado, respecto a lo cual Conicyt afirmó que “se ha detectado que existen problemas en el diseño del proceso de pago de los postdoctorados”. Problemas en decretos, sistemas de postulación, redacción de bases concursales, o celeridad en la entrega de recursos, se han repetido a lo largo de los años con graves consecuencias, y muchos de ellos no requieren de una política nacional o discusiones políticas para ser solucionados.

Otra distorsión impulsada por algunos es la de que la creación de un ministerio de ciencia constituiría solo un “cambio burocrático” y que solo significaría mejor gestión. En adición a lo señalado antes, cabe recordar que quienes vienen trabajando para resolver la crisis de la ciencia en Chile han reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de contar con una política científica y un debate más profundo sobre temas país relevantes para el desarrollo de la investigación. Ni quien escribe, ni muchos de quienes vienen trabajando por un ministerio para la ciencia observan que los problemas de la ciencia sean mucho más complejos que “solo de gestión”.

No obstante lo anterior, no son pocos los que hoy afirman que una de las formas de dar relevancia política al fomento de la investigación científica es precisamente a través de la creación de una institucionalidad de rango ministerial (tal como ha sucedido en otras áreas como el deporte y la cultura), junto a la asignación de mayores recursos. La creación de un ministerio de ciencia, especialmente hoy, es mucho más que un “mero cambio burocrático”.

En esta misma línea, algunos de los diagnósticos sobre el estado actual de la ciencia chilena reiteran la idea de la falta de una línea de conducción política cuya solución pasa, de acuerdo al actual consenso, por la creación de una institucionalidad ministerial, y no con nociones de “consejos” de décadas pasadas o de “servicios nacionales”. El propio Francisco Brieva recordó, tras su renuncia, su nula llegada a las autoridades políticas, incluyendo la Presidenta, desde su puesto de presidente de Conicyt, reconociendo la necesidad de un ministerio (En una nota incluso afirmaba que: “su creación es de gran urgencia”).

Esto nos lleva a comentar el “wishful thinking” de quienes creen que sólo abordando la dimensión política del problema se resolverá la crisis. Es evidente que se requieren definiciones políticas para superar el actual escenario, pero quienes creen que basta solo con una nueva política o nuevas definiciones están equivocados. Frases como “necesitamos definiciones políticas” o “es necesario politizar el debate” arriesgan quedar solo en demagogia, toda vez que en nuestro país son los ministerios los que hacen la “bajada” de las políticas, elaborando y definiendo las políticas públicas y planes respectivos, disputando recursos, instalando los temas en la agenda, coordinando programas e instrumentos, y un largo etcétera. Ejemplos de otros países sugieren también que se requiere de una institucionalidad de alto rango que coordine los esfuerzos necesarios para generar políticas y planes en materia de fomento científico. El empecinamiento de algunos por presentar una falsa dicotomía entre ministerio o política es, entonces, contraproducente para nuestros esfuerzos de sacar a la ciencia de la actual crisis.

Otra distorsión impulsada por algunos es la de equiparar la creación de un ministerio con “más burocracia”. En el caso de Conicyt, los problemas de administración, formalismos y trámites no se explican precisamente por un su gran aparato burocrático; aquí no hay “grasa que cortar”.

Muy por el contrario, en el pasado se ha criticado fuertemente el bajo gasto en administración del organismo. Mateo Budinich, cuando ejerció como presidente subrogante de Conicyt tras la renuncia de José Miguel Aguilera, criticó el bajo gasto administrativo del organismo, el que entonces alcanzaba apenas el 3,8%. Un sistema con una burocracia originada en la dispersión de agencias y programas, con falta de recursos, con escasez y alta rotación de funcionarios, sin atribuciones ni capacidades políticas para resolver problemas, difícilmente se verá más “burocratizado” si estos aspectos son corregidos.

Por supuesto, podríamos seguir con esta lista. Este ejercicio no se trata, en ningún caso, de negar las necesarias discusiones que se requieren para resolver la crisis de la ciencia, aunque no debemos caer en la trampa de que dichas discusiones sean hegemonizadas por una sola visión ideológica. Existen múltiples visiones acerca de varios puntos en discusión, y todas ellas deben confluir en una futura política científica.

La ciencia va de la mano no solo con la educación, sino que también con la economía, la cultura y las políticas públicas, y cualquier estrategia debe hacerse cargo de sus múltiples dimensiones, al mismo tiempo que corregir algunos de los problemas estructurales del actual sistema nacional. Nada de esto es incompatible, ni menos refuta, la urgente necesidad de un ministerio para la ciencia.