Según algunos teóricos, una buena política pública corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de información que están relacionados con un objetivo político definido en forma democrática. Tales políticas son desarrolladas por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado.
A su vez, una política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales y la previsión de sus resultados.El problema aun sin resolver de los “inhabilitados” y “los cobros”, es una muestra concreta de que existen, las buenas políticas públicas, las malas y la de formación de investigadores jóvenes en Chile
En la actualidad, el programa de Formación de Capital Humano Avanzado – FCHA –, cuenta con dos pilares principales, Becas para estudios en Chile y Becas para estudios en el extranjero. A su vez, cada uno de estos pilares cuenta con una serie de instrumentos de financiamiento para realizar programas de magister, doctorado, postdoctorado, técnicos, entre otros. Estos instrumentos, y el programa de FCHA como un todo, han sido evaluados desde diversas perspectivas por múltiples organizaciones: CONICYT, DIPRES, OCDE, Mineduc, entre otras. Estas evaluaciones no solo han analizado los resultados, sino que también han desmenuzado los programas en sus distintos niveles: el diseño, la implementación y el impacto.
El punto de partida de tales evaluaciones es el reconocimiento del propósito que orienta al programa. En ese sentido, el objetivo que se ha establecido para el programa de FCHA es “contribuir al incremento del número de investigadores y profesionales de excelencia con alta preparación en todas las áreas del conocimiento para el desarrollo de Chile y su participación activa en el mundo globalizado”. Considerando tal propósito, las conclusiones de los diversos informes establecen que tanto el diseño, la implementación, la gestión y los productos del programa de FCHA, están acorde con los objetivos y el propósito planteado por CONICYT. En consecuencia, desde la perspectiva de los evaluadores se podría concluir que la política que sustenta a tales programas de FCHA es una buena política.
Sin embargo, desde la perspectiva de los usuarios la visión puede ser “un tanto” diferente. De un documento emanado desde CONICYT respecto a una solicitud de información hecha por el Instituto Nacional de Derechos Humanos – INDH –, se puede observar que durante los últimos 5 años, 1.404 investigadores becados están en una situación de inhabilidad (y cobro de la totalidad del financiamiento en algunos casos), es decir, sin la posibilidad de postular o participar en otros concursos de CONICYT. Esta cifra significa que hoy en día existe, a lo menos, un 18% de investigadores (de magister, doctorado y postdoctorado, en Chile o en el extranjero) que, informados o no, han visto truncada la posibilidad de continuar una carrera de investigador con financiamiento de CONICYT. Esto implica, en primer lugar, que para un grupo importante de investigadores, el propósito del programa no se está cumpliendo y que por el contrario, se han visto perjudicados en varios ambitos de su vida. Y, en segundo lugar, ese casi 20% de inhabilitados, nos invita a cuestionar si realmente las evaluaciones realizadas contaron con criterios adecuados de evaluación.
Si bien es cierto, el programa de FCHA ha contribuido de forma importante al crecimiento de la base de científicos del país, no es menos cierto que el propósito establecido y la gestión de los instrumentos no están funcionando de forma coherente y consistente. En ese sentido, es descabellado pensar que un propósito que propende al incremento de investigadores de excelencia en nuestro país, esté desligado de los decretos y bases que rigen esos propios instrumentos. Es evidente que el principio de probidad de los fondos públicos obliga a que los gastos realizados tengan garantías de buen uso. No obstante, tales garantías no debiesen ir en contra del propósito inicial de formar investigadores de excelencia, ni menos que tales garantías pueden vulnerar la posibilidad de que las personas puedan seguir el curso de formación y generación de conocimiento para el país.
El problema, claro está, tiene múltiples aristas y no podrá ser resuelto mientras las políticas de FCHA que se diseñan, sigan estando descontextualizadas de la realidad a la cual pretenden abordar. En ese sentido, tal como han mencionado los teóricos, se espera que una buena política pueda considerar las propuestas que entreguen los distintos sectores, que en este caso, son las instituciones ejecutoras (universidades y centros de investigación) y los propios usuarios de la política (investigadores con o sin financiamiento).
En síntesis, el problema aun sin resolver de los “inhabilitados” y “los cobros”, es una muestra concreta de que existen, las buenas políticas públicas, las malas y la de formación de investigadores jóvenes en Chile…
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